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Domingo 29 de mayo de 2016
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· 22 de julio a las 13:02hs

Represión a cielo abierto

La policía de Catamarca y grupos de choque reprimieron a asambleístas que rechazan la megaminería. En 2012 hubo seis represiones sobre militantes socioambientales de la provincia. 56 activistas fueron obligados a dejar la provincia. El Estado-minero y los derechos humanos.

Seis represiones en sólo siete meses en Catamarca, siempre en respuesta a protestas sociales contra la megaminería. Esta vez fue en Cerro Negro, donde la policía provincial y un grupo auto denominado “pro minero” avanzaron sobre el corte en la intersección de las rutas nacionales 40 y 60, al oeste provincial, donde se bloqueaba desde el lunes el paso de camiones de Minera Alumbrera, el mayor yacimiento metalífero del país. “Los principales responsables de esta represión son la gobernadora Lucía Corpacci y el gobierno nacional que es el aliado incondicional de las corporaciones mineras”, denunció Jorge Ramos, asambleísta de Andalgalá (Catamarca). 56 militantes fueron forzados por la policía a dejar la provincia.

“Acampe nacional contra la megaminería”, es el nombre del colectivo que desde el 9 de julio se instaló en la intersección de las rutas nacionales 40 y 60, lugar estratégico de paso para los vehículos de Minera Alumbrera –empresa en manos de las compañías Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold–, que desde hace quince años extrae oro, cobre y molibdeno del oeste de Catamarca. El acampe estaba integrado por militantes de Catamarca, Córdoba, La Rioja, Santa Fe, San Juan y Buenos Aires.

 Ayer a las 14 llegaron hasta el acampe 120 personas que se identificaron como “pro mineros” (y que los asambleístas llaman “patota de Alumbrera”). A los pocos minutos llegaron tres decenas de efectivos de infantería (que se sumaron a los diez policías que ya estaban en el lugar). A las 14.40, la fiscal provincial Silvia Alvarez informó que tenía orden de permitir el paso de un camión con explosivos con destino a Alumbrera.

Ante la magnitud del operativo, las asambleas y organizaciones sociales del acampe decidieron dejar la ruta. El camión pasó.

Media hora después, el grupo de choque comenzó a tirar piedras y bombas de estruendo sobre el acampe. La fiscal Alvarez notificó que (además de liberar la ruta) tenía orden de levantar el acampe. Los efectivos de infantería –caras tapadas, escudos, bastones e itakas– dieron diez minutos para levantar el acampe. La fiscal nunca mostró la orden de desalojo.

Para evitar mayor violencia, las asambleas levantaron el acampe.

Cerro Negro está ubicado a sólo tres kilómetros del límite con La Rioja. Hacia esa provincia quisieron marchar para reagruparse, pero sobrevino lo insólito: el micro que llevaba 56 personas del acampe fue obligado continuar camino hacia Córdoba, seguido por la policía catamarqueña.

“Quisieron bajarse en el primer pueblo de La Rioja, pero la policía los reprimió y los volvió a subir a palazos”, denunció Ramos, asambleísta de Andalgalá. En el micro viajaban, entre otros, militantes de la Coordinadora de Organizaciones y Movimiento Populares de Argentina (Compa), Quebracho, CTD Aníbal Verón y del Movimiento Estudiantil Liberación.

A la medianoche, la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) –que transmitió los hechos todo el día desde su radio online– logró comunicarse con los militantes del micro. Explicaron que la policía los obligó a continuar viaje hasta Córdoba con una excusa del mundo del revés: les dijo que la patota minera seguía el micro, que ellos (la policía) no podía garantizar su integridad y por eso los “custodiaba” hasta Córdoba.

“Es increíble cómo la patota de Alumbrera y la policía de la provincia articulan la represión, se complementan. Todo ante la mirada de la gobernadora, la ceguera de los jueces y el silencio cómplice del gobierno nacional”, denunció Martín Musarra, asambleísta de Catamarca y periodista de la radio comunitaria El Algarrobo.

Botón de muestra

Bajo la Alumbrera se encuentra entre los diez grandes emprendimientos de cobre del mundo y entre los 15 de oro. La campaña publicitaria de la empresa y el poder político de turno prometía la construcción de un barrio para cinco mil personas, nuevas escuelas, un hospital de alta complejidad, rutas asfaltadas, 6000 puestos de empleo. Ninguna de esas obras se plasmó.

Alumbrera acumula denuncias por contaminación del dique de colas (un basurero minero de 30 hectáreas y 150 metros de profundidad), roturas del mineraloducto (un caño de 300 kilómetros de extensión que traslada el mineral en forma de barro a presión) y el monumental consumo de agua. Alumbrera cuenta con un permiso de extracción de 1.100 litros por segundo, 66.000 litros por minuto, casi cuatro millones de litros por hora en una zona semidesértica. La empresa tiene permiso para utilizar hasta 100 millones de litro de agua por día. La Organización Mundial para la Salud (ONU) establece que una persona requiere, para paliar todas sus necesidades, 50 litros de agua por día. Alumbrera usa por día agua equivalente a dos millones de personas.

A fines de 2009 el gobierno provincial dio luz verde a Agua Rica, un proyecto minero de oro, plata, cobre y molibdeno en manos de la canadiense Yamana (accionista de Alumbrera) y publicitado como tres veces más grande que el yacimiento en explotación. El agravante: se ubicará a sólo 17 kilómetros del centro urbano de Andalgalá, donde nacen los ríos que alimentan a la región (el Blanco, Candado y el Minas). El nuevo yacimiento tiene permiso para usar 390 litros de agua por segundo, casi 34 millones por día.

En marzo de 2010 se conoció que el gobierno provincial había otorgado el área urbana de la ciudad de Andalgalá en concesión para explotación minera. Incluso aclaró que, de ser necesario, los vecinos dejarían sus viviendas para que la minera avance con la extracción del mineral. La beneficiada era la empresa Billiton Argentina BV, perteneciente al grupo internacional BHP Billiton.

El proyecto se llamó “Pilciao 16” y la documentación oficial (expediente 770B2005) confirmaba la posibilidad de expropiar viviendas para que avance la actividad minera. El informe también precisa que sobre el departamento de Andalgalá pesaban 280 permisos mineros de prospección y exploración. Sólo Pilciao 16 involucraba 4465 hectáreas, gran parte del casco urbano.

La movilización popular, y la lluvia de críticas al gobierno provincial, hicieron dar marcha atrás con Pilciao 16. La voracidad minera fue ganando voces críticas en Catamarca.

Represiones

En diciembre de 2009, asambleístas de Andalgalá, Santa María y Belén cortaron el camino de acceso al proyecto minero Agua Rica. El 15 de febrero de 2010, al anochecer, sufrieron una dura represión por parte de la policía provincial. ¿El motivo? Que la maquinaria de Yamana Gold pudiera avanzar con Agua Rica. Hubo masivas movilizaciones y el Poder Judicial suspendió el proyecto hasta que exista “paz social”.

En enero de 2012, las asambleas catamarqueñas cortaron los caminos hacia Alumbrera.

El 26 de enero fueron detenidos cuatro asambleístas en Santa María.

Al día siguiente, 27 de enero, hubo 18 detenidos y represión.

El 8 de febrero fue destruido el acampe de Belén y detenidas veinte personas (entre ellas un chico de 13 años). Muy similar a la represión de ayer.

Los cortes de rutas y caminos se mantuvieron.

El jueves 9 de febrero, en un discurso público, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner protagonizó una puesta en escena con un “trabajador” minero que reivindicó la actividad y cuestionó a los ambientalistas.La Presidenta remarcó que su interlocutor (Armando Domínguez) no era dirigente política, ni era de la empresa Barrick Gold, sino un simple “trabajador”. Pocas horas después, los medios de comunicación dejaron al descubierto que Domínguez era dirigente del PJ de Olavarría, sindicalista del gremio minero y que había sido interventor del gremio en San Juan, donde cerró filas con Barrick Gold para acordar salarios en el yacimiento Veladero. La Presidenta pidió iniciar “una discusión en serio” respecto a la minería.

Sólo nueve horas después, el viernes 10 de febrero a las 3.45 de la noche, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle, donde también se frenaba el avance de camiones de Alumbrera. El mismo día, a las 9 de la mañana, un centenar de efectivos reprimió violentamente a hombres, mujeres y niños. Balazos de goma en rostros, patadas a mujeres, gases lacrimógenos para todos. Fue transmitido en directa por el Canal TN (del Grupo Clarín) y relatado por Radio El Algarrobo (comunitaria de Andalgalá).

El mismo día, la Asamblea de Tinogasta restableció el corte.

El 13 de febrero, allanaron las casas de ocho asambleístas de Andalgalá. Por orden de la fiscal Karina Name, ingresaron a las viviendas en busca de armas y bombas molotov. No encontraron nada.

Durante diez días, un grupo de personas vinculadas a la actividad minera bloqueó el acceso a Andalgalá. Durante diez días, cerró la entrada y salida a todos los que suponían eran críticos a la actividad extractiva. En un virtual estado de sitio, cerraron el paso a asambleístas, periodistas e incluso diputados nacionales.

El 15 de febrero, impulsado por el Gobierno Nacional, se conformó la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), integrada por Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan, Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Catamarca. Un claro respaldo a la actividad minera. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), que reúne a las grandes empresas del sector, celebró la creación de la Ofemi (incluso firmó el acta de conformación).

El 12 de mayo, otra vez en Tinogasta, la policía avanzó sobre el bloque y detuvo a tres asambleístas.

El 1 de junio, la gobernadora Lucía Corpacci solicitó a la Corte de Justicia provincial que ordene el desalojo del bloqueo selectivo de Tinogasta.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Catamarca, Amelia Sesto de Leiva, no tardó en responder: señaló que “la cárcel es la solución para los ambientalistas”.

El jueves, en discurso transmitido por Canal 7, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que la megaminera brasileña Vale invertirá 29.500 millones de pesos en un proyecto destinado a la extracción de potasio en la localidad mendocina de Malargüe. El proyecto es muy cuestionado por las asambleas socioambientales de Cuyo por el enorme consumo de agua y gas que conlleva. Y la empresa Vale acumula denuncias de contaminación y vulneración de derechos en Brasil, Mozambique, Canadá, Indonesia y Colombia, todos países donde opera.

El proyecto (llamado “Potasio Río Colorado”), afectará a cuatro provincias: Mendoza, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. Ante los directores de la compañía Vale y con la presencia de los gobernadores de la Ofemi (Organización Federal de Estados Mineros), la presidenta celebró: “”Este mega emprendimiento es hoy el emprendimiento minero más grande del mundo en materia de Potasio (…) Es un emprendimiento formidable que nos convierte en el tercer exportador mundial de Potasio y quinto productor mundial (…) Queremos agradecer a la gente de Vale que hayan confiado en el país. Porque hay que poner 29.500 millones de pesos, hay que tener confianza en el país, en los fundamentos macroeconómicos de un país para poder hacer semejante inversión. Y quédense tranquilos que eligieron bien, que no se equivocaron”.

Menos de 24 horas después, la policía de Catamarca avanzó sobre el bloque y el acampe de las asambleas que cuestionan la megaminería.

Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientales, destacó que “no son casuales las coincidencias”. “En febrero, la Presidenta se burló de las luchas socioambientales y al día siguiente hubo represión. Ayer (por el jueves), transmitido por todos los canales, se tiró flores con el máximo directivo de Vale, una empresa muy cuestionada, incluso más cuestionada que la misma Barrick Gold. Esas acciones públicas no son inocentes, son espaldarazos políticos para que los gobernadores avancen, tienen vía libre ”.

El modelo

Cerro Negro está ubicado a 70 kilómetros de la ciudad de Tinogasta, donde desde enero pasado se mantiene el bloque a camiones mineros en la ruta 60. En ese lugar, Paso San Francisco, hubo dos represiones en cuatro meses (febrero y mayo) sobre la Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el Agua. Darío Moreno, de Tinogasta y también presente en Cerro Negro, denunció que “ya son al menos 50 los activistas procesados por luchar contra el la minería en Catamarca”.

En el acampe rechazaron que se los catalogue como “antimineros” y precisaron que no rechazan la minería. “No estamos contra la minería, estamos en contra la megaminería transnacional, parte del modelo extractivo de saqueo y contaminación, donde también entran la soja transgénica con agrotóxicos, el robo del petróleo y este invento de contaminación que se llama gas no convencional”, precisó Darío Moreno.

La asamblea de Tinogasta denuncia que, sólo en ese departamento, existen ocho proyectos mineros en estudio, incluso un emprendimiento de uranio a sólo diez cuadras del centro del pueblo.

La Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (Redaj) alertó que en la actualidad se encuentran en explotación 14 yacimientos y existen al menos 121 proyectos en “exploración avanzado” (ya se conocen las ubicación y calidad de las reservas pero aún no se resuelve la solvencia económica para dar inicio a la explotación). En su “Informe preliminar sobre vulneración de derechos y conflictividad socio-ambiental minera”, encabezan la lista Santa Cruz (36 proyectos), Salta (17), Chubut (14), San Juan (11) y Jujuy (ocho). Le siguen Neuquén (siete); Mendoza, La Rioja y Río Negro (seis cada una) y Catamarca (cuatro).

La Secretaría de Minería de Nación, mediante su informe “La minería en números”, en 2003 había sólo 40 proyectos mineros. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento). La misma Secretaría de Minería reconoce que en 2012 se llegó a 600 proyectos mineros en estudio: un 1500 por ciento más que en 2003.

 

Derechos Humanos

“La criminalización en países de América Latina ocurre con el objetivo de intimidar o acallar las voces y acciones de resistencia frente a actividades y proyectos extractivos”, advierte el Observatorio de Conflictos Ambientales de América Latina (Ocmal) en su último informe “Cuando tiemblan los derechos: extractivismo y criminalización en América Latina”. Y aclara que la criminalización se expresa con procesos judiciales, amenazas contra la vida, agresiones, militarización, represión y, también, asesinatos.

El informe, de 180 carillas, resalta coincidencias que se repiten en todos los países de la región: “Los Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad, seguridad, y derechos de las poblaciones nacionales. La criminalización se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales como en los llamados ‘progresistas’ (…) Cada derecho otorgado a una empresa extractiva transnacional significa la resta de uno o varios derechos a las comunidades afectadas”.

Enrique Viale, de la organización Abogados Ambientalistas, evaluó que la megaminería “sólo puede avanzar así, con violencia, criminalizando la protesta porque no hay licencia social, sólo la pueden imponer con violencia. El Gobierno Nacional terciariza la represión con las provincias, y éstas hacen el trabajo sucio junto a grupos de choque. Cerro Negro es un claro ejemplo de esa represión”.

Ayer a la mañana, previo a la represión, el premio Nobel de la Paz Adolfo Perez Esquivel entregó un documento a la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la violencia hacia quienes protestan contra el modelo extractivo. “Solicitamos al máximo órgano del Poder Judicial de la Nación la adopción de las medidas peticionadas con suma urgencia a los efectos de tutelar y proteger los derechos fundamentales de las personas que ejercen su derecho a peticionar, a protestar, a reunirse, a manifestarse públicamente, a proteger la salud y la vida de los habitantes de nuestras comunidades y cumplen con su obligación de defender al ambiente y la naturaleza”, comienza el escrito.

El documento entregado al máximo tribunal alerta que en las provincias “se incrementa de forma notable la criminalización de la protesta social”, denuncia que el Estado (en sus distintos niveles) “tienen como objetivo la intimidación y el acallar las voces y acciones de resistencia de los pueblos frente a proyectos extractivos”.

Tal como se observa en Catamarca, respecto a la represión de las manifestaciones públicas y la criminalización de la protesta no existe un Estado de Derecho. Existe una connivencia absoluta entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, donde éste último no tiene ninguna independencia y, por lo tanto, el derecho de defensa es de imposible ejercicio”, afirma el documento, encabezado por Perez Esquivel y también firmado por Hermes Binner, diputados (Jorge Cardelli, Victoria Donda, Roy Cortina, Omar Duclós, Pablo Bergel), académicos (Maristella Svampa y Andrés Carrasco) y una decena de organizaciones sociales.

Horas antes de la represión en Catamarca, el documento presentado ante la Corte Suprema advertía: “Las personas que actualmente participan del bloqueo selectivo en Cerro Negro defienden los derechos humanos, el territorio, la salud, la vida, la biodiversidad y los bienes comunes, y ejercen su derecho a preservar y proteger el ambiente y demás derechos fundamentales (…) El Gobierno de Catamarca y el Estado Nacional tienen antecedentes sólidos de ejercer violencia institucional sobre las personas que protestan contra los emprendimientos megamineros”.

El documento, de doce carillas, alerta sobre la situación puntual de Cerro Negro, y lo hace extensivo a todas las luchas contra el modelo extractivo (megaminería, agronegocios): “Resulta crítica y riesgosa la situación en la que se encuentran las comunidades y asambleas. Las autoridades que tienen como fin controlar a los Estados y proteger a los habitantes tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que continúen estas violaciones a los derechos humanos”. Los firmantes del documentos, encabezado por el Nobel de la Paz, exigieron que los conflictos sean resueltos por la vía democrática “y no a través de la violencia estatal o privada”.

El documento fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría General de la Nación y, también, ante el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda.

Dos horas después, el Estado-minero no se dio por enterado y volvió a reprimir en Catamarca.

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