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Viernes 18 de agosto de 2017
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· 28 de septiembre a las 19:02hs

Producción de OGM estatales

Claves para comprender el carácter empresarial del Estado Argentino

Mientras el discurso oficial instala la idea de soberanía en términos de independencia de las multinacionales, el Estado Argentino garantiza la conti-nuidad del modelo extractivo para exportación de commodities. El perfil de la política científica emerge como pilar fundamental de este modelo de Estado empresarial. La quirúrgica utilización de los medios de comunicación, la pluma fina en materia legislativa y la operación realizada sobre orga-nizaciones civiles y movimientos sociales, conforman el núcleo a partir del cual se despliega esta estrategia.

Introducción

Asistimos a una época en la que el discurso que promueve y justifica el desarrollo tecnológico para usos diversos, no encuentra prácticamente resistencia en los movimientos sociales, académicos e intelectuales. Impera una suerte de ruido de fondo en expansión, aprehendido socialmente a través de la clara suspensión del pensamiento crítico y del no ejercicio de una ética colectiva. Algunas voces irreverentes vienen a remover esta suerte de aval tácito, pero tal disonancia es difícil de apreciar: sus ecos parecen diluirse en medio de un ensordecedor contexto progresista.

Durante los últimos meses, y desde diversos sectores sociales, medios de comunicación estatales y privados, altos cargos de la comunidad científica, divulgadores científicos, funcionarios actuales y candidatos electorales, se está impulsando fuertemente la consigna de que los organismos genéticamente modificados (OGM) sean también desarrollados desde el Estado Argentino. A modo de ejemplo, dos nuevas variedades de vegetales que han sido elaboradas desde ámbitos estatales: una soja que se promociona como resistente a sequía y una papa señalada con capacidad de enfrentar la infección de un virus, están en pleno proceso de aprobación. Esta situación constituye una potencial ruptura cualitativa en relación al escenario actual, donde los OGM son desarrollados exclusivamente por medio de capitales y recursos humanos provenientes del ámbito de las empresas multinacionales, o bien mediante una colaboración entre tales empresas y el estado nacional, a través de los institutos de investigación biotecnológica.

Para constatar si efectivamente se trata de una ruptura, nos proponemos indagar en aquellas diferencias significativas (si las hubiera) que otorguen entidad a este potencial cambio de escenario. A continuación rastrearemos aquellas justificaciones o modos de validación que se esgrimen como sostén argumental (y sus supuestos asociados) del proyecto OGM-estatales, para luego analizar el grado de consistencia de tales argumentos. Se trata de explicitar los para qué de tal apuesta tecnológica en manos del Estado.

Si bien el presente texto plantea una discusión acerca del escenario en el que se promueve la instalación de los OGM-estatales, no pretende problematizar los OGM como tecnología. Esta omisión voluntaria, que responde al fin específico que aquí se persigue, no debe tomarse en absoluto como actitud de legitimación hacia las prácticas biotecnológicas. Varios de los cuestionamientos al desarrollo de OGM se plantean en la dimensión sagrada de la vida y en relación a una visión antropocéntrica del mundo, que incorpora la naturaleza no-humana a la lista de bienes disponibles y susceptibles de manipulación, esquema que el Grupo de Reflexión Rural continúa tratando críticamente mediante diversas manifestaciones y documentos públicos. Puesto que el presente trabajo se centra en el caso de la Argentina, será inevitable transitar algunas particularidades, siendo posible advertir similitudes cualitativas con otros Estados de la región. Además, entendemos como imprescindible la instalación de este debate en diversos ámbitos de nuestra sociedad, de modo de problematizar el rol de la ciencia y la tecnología, evitando dar por sentados beneficios per se. Para ello exigimos la consistencia multidimensional de cada uno de los argumentos que pretenden legitimar dicha propuesta.

Justificaciones o modos de validación para OGM estatales

En cada espacio abierto en medios audiovisuales, redes sociales, foros, seminarios y eventos asociados al modelo productivo agro-biotecnológico, se impulsa la incorporación de tecnología a las actividades productivas del país. En la actualidad, la intensidad de uso de los canales mencionados está siendo dirigida a la puesta en relevancia de una consigna clara: el desarrollo de OGM desde el Estado Nacional es una oportunidad histórica que la Argentina está preparada para afrontar, en un contexto global favorable. Mientras tanto, se ahoga toda discusión profunda en relación a la biotecnología aplicada a la agroindustria. En ese torbellino mediático, con oradores verborrágicos que aluden a una Nación condenada al éxito, es posible detectar una serie de elementos a modo de justificación de por qué el Estado debe alistarse en la carrera de producción de transgénicos. Toda búsqueda de consistencia argumental está ligada a un contexto en el cual los discursos adquieren sentido. Desmenuzar los argumentos esgrimidos es al mismo tiempo develar el marco de legitimación en el que éstos se sustentan, independientemente de su validez. A continuación son presentados y analizados los elementos más relevantes de este potente aparato de propaganda.

El primero de los argumentos propugna que a través del desarrollo de OGM-estatales, el Estado Nacional obtendrá una mayor cantidad de divisas. La consigna se fundamenta en uno de los ejes centrales de la actividad económica en países como la Argentina: el cultivo y exportación de OGM ha permitido considerables ingresos económicos. En nuestro país, los OGM han vertebrado una estructura productora de commodities que no es reciente, pero que ha incrementado sus alcances y dependencias en los últimos años, extendiendo los cultivos a las regiones centro y noreste del país. En el caso de los transgénicos de producción estatal, además de los ingresos propios por las denominadas “retenciones”, aparece una acumulación adicional de capital por el llamado “derecho de obtentor”. En efecto, si el objetivo es generar mayor cantidad de divisas, los OGM de origen estatal en apariencia podrían ser una adecuada respuesta, al menos a corto plazo. Sin embargo, puesto que es el aparato legal del Estado el que entra en el juego, vale una advertencia sobre el rol que éste está desempeñando, sea como regulador de los ingresos o como agente de control ético y político asociado a todo desarrollo tecnológico. En este marco es también necesario revisar las discusiones que se han dado en los últimos años en torno a la Ley de Semillas. La consideración de los elementos señalados permite advertir lo incorrecto (y contraproducente respecto de las luchas) de entender esta norma como “Ley Monsanto”, puesto que el Estado es ahora un actor fundamental en esta problemática y con múltiples funciones.

El segundo de los argumentos apuntados es que el Estado, en tanto capaz de direccionar los ingresos por OGM-estatales, podrá apoyar y promover la actividad científico-tecnológica. Este punto asume que los ingresos por derechos de obtentor analizados anteriormente derivarían en un flujo de capitales hacia la actividad científico-tecnológica. Sin embargo, es importante recuperar la historia de los efectos que ha producido (al menos en la Argentina) este modo de inversión y prioridad. Más allá de esta Versión 2.0 de la “Teoría del Derrame” al resto de la comunidad académica (supuesto del que hay motivos para dudar de su veracidad, tomando una perspectiva histórica), cabe el interrogante acerca de qué tipo de actividad científica es la que está siendo incentivada en la actualidad (y, en este sentido, probablemente exacerbada en el futuro). Frente a los diferentes modelos de ciencia y tecnología que pueden reconocerse, se advierte en este novedoso escenario, un fuerte impulso hacia una ciencia empresarial de base tecnológica para el mercado como prioritaria.

Que el desarrollo de OGM desde el Estado permitirá incrementar la diversidad de cultivos, es el tercero de los argumentos utilizados como propaganda. Sin lugar a dudas, una de las principales características asociadas al modelo agroindustrial que incorporó los OGM como elemento clave fue una marcada tendencia de disminución en las variedades de cultivos involucrados: es el dominio de los monocultivos el que fue imponiéndose a velocidad creciente en unos pocos años. En el caso de la Argentina, este carácter tuvo como principal protagonista a la Soja RR. ¿Qué aspectos de este escenario cambiarían a partir de la irrupción de los OGM estatales? En principio, es claro reconocer que dado el casi exclusivo carácter exportador del Estado, la elección de los cultivos en nuestro país continuaría siendo determinada por nuestro(s) comprador(es), por lo que sería poco probable un cambio en este sentido. A su vez, si acaso decide sostenerse la promesa de una diversificación de cultivos (aún sin fundamentos muy claros) aparece un elemento no menor a ser explicitado: el supuesto de que la biotecnología es la que puede y debe ayudar a producir dicha diversificación y, más aún, que sólo es la biotecnología la que puede lograrlo. Siendo el mercado global el que determina qué y cuánto producimos, se hace lugar a la siguiente pregunta: ¿qué es lo que entenderá esta lógica tecnocrática por soberanía alimentaria?

El cuarto elemento argumental analizado gira en torno a que un Estado productor de OGM es un estado fortalecido frente a empresas multinacionales. Se trata de un modo de fortalecimiento ligado desde el discurso al poder del conocimiento; al conocimiento en términos de dominio situacional. Un know-how tecnológico que supone un posicionamiento privilegiado en relación al control de acciones y estrategias en el teatro del capital. Frente a este constructo de claro perfil tecnocrático, entendemos como ineludible una reflexión en relación a qué características tendría dicho Estado o bien, cuáles son las características del Estado actual en nuestros países, exacerbadas por este tipo de emprendimiento tecnocientífico. En términos generales, parece tratarse de un tipo de Estado de perfil empresarial, cuyos fines son similares a los de las entidades privadas, fuertemente ligado a nociones de eficiencia y comercio; realidad que genera y promueve una brecha significativa entre lo denominado estatal y lo propiamente público, términos habitualmente utilizados y que resulta imperioso diferenciar.

Un Estado que produce OGM puede orientarlos a minimizar los perniciosos efectos socio-ambientales, es la última de las estrategias principales de legitimación, reconocidas y abordadas en este texto. El modelo económico, social y tecnocientífico que incorporó a los OGM producidos por empresas multinacionales (implementado y desarrollado en la Argentina desde el año 1996), ha sido duramente señalado por los numerosos y diversos efectos dañinos asociados, tanto en términos sociales como ambientales. Entre los más resonantes, y sin pretensiones de exhaustividad, aparecen elementos tales como la intensa migración desde zonas rurales hacia zonas urbanas (de cierto carácter global, pero sin dudas intensificado en países como la Argentina), el aumento en la concentración tanto en la propiedad como en el uso de las tierras, el incremento en las cantidades de herbicidas utilizados (pese a la promesa de reducción progresiva que fuera inicialmente realizada), los sostenidos procesos de deforestación, la desertificación creciente de los suelos, entre otros. Tales efectos son constitutivos de este modelo productivo basado en cultivos OGM y por ello no dependen de quién sea su productor. Un Estado que no ha registrado compromiso con el cuidado de la Naturaleza, al avalar y facilitar el abastecimiento de semillas transgénicas originadas en los laboratorios de las transnacionales, ¿por qué cambiaría cuando sea éste quien promueve el diseño genético de los cultivos que implementa en su territorio y/o difunde hacia otras latitudes?

Consistencias, continuidades y discontinuidades en el desarrollo y producción de OGM

Los argumentos presentados, extraídos del discurso de los sectores sociales que están promocionando los OGM de origen estatal y construyendo su legitimación social, nos permiten comprender y problematizar el grado de ruptura (o continuidad) entre la situación actual, con transgénicos desarrollados por empresas multinacionales, y el nuevo escenario con OGM desarrollados desde el Estado. Es esta revisión crítica, frente a la pregunta acerca de la pertinencia y necesidad de impulsar OGM estatales, la que recupera algunas de las claves que caracterizan este nuevo escenario. Mientras los argumentos relativos a la salud socio-ambiental, con relación al cuidado de la población y la Naturaleza en su conjunto, como el de modificar los efectos perniciosos y aquel de la restauración de una diversidad de cultivos, carecen de un fundamento sólido, los elementos de legitimación que manifiestan algún grado de consistencia argumental son aquellos relativos a mayores ingresos de divisas a nuestros Estados y a sus instituciones científico-tecnológicas. La cuestión que se plantea a partir de lo expuesto es ¿qué tipo de escenario es el que se está promoviendo? Dado el contexto de legitimación o espacio de consistencia donde se fundamentan estos últimos argumentos de producción de transgénicos estatales, aparecen claramente las figuras de un Estado y de una tecnociencia con fuerte carácter empresarial, que pretenden garantizar el ingreso de divisas a corto plazo. Y donde reconocemos la presencia dominante de mecanismos de legitimación originados en una lógica pragmática de eficiencia mercantilista, con una base tecnocientífica que la sustenta.

Este Estado empresarial en el que advertimos falta de prioridad en la decisión política para los cuestionamientos de los efectos negativos sociales y ambientales, lleva a cabo una delicada estrategia jugando un doble papel: el de protector, al asumirse como resguardo legal de la condición ética de las prácticas tecnológicas sobre su territorio y de forma simultánea siendo quien dirige el flujo del esfuerzo hacia el desarrollo de una industria tecnocientífica que pone en riesgo la vida de la población. En ningún caso compromete la continuidad del modelo productivo, ocultando formas de daño social generadas por el mismo, tales como migraciones, desarraigo, pérdida de biodiversidad, entre otras. Aquel que regula la ética, maneja el negocio biotecnológico. Situación que lleva a pensar en qué medida debe dejarse lo ético en manos de lo legal-estatal. Tales atribuciones son avaladas e incluso requeridas por el campo empresarial, ya que le proporcionan un terreno fértil donde dar continuidad al negocio: toda demanda o compromiso queda así confinada al lenguaje de los derechos.

Finalmente proponemos una reflexión metodológica: analizar los argumentos en clave de modos de validación para la consigna OGM-estatales, supone la búsqueda de conexiones en el campo racional. Sin embargo, los elementos que la razón aporta no resultan suficientes para quienes intentan asegurar un escenario de legitimación plena para sus prácticas. El diseño de la recepción social de toda acción propuesta desde el Estado precisa de una sustentación complementaria en la dimensión no-racional. Podemos pensar que mientras que la racionalidad trabaja (entre otros campos) en el justificar, la no-racionalidad permite operar (entre otros campos) en el conmover. Esta última adquiere un valor primordial por la capacidad para construir una adhesión anclada en la emotividad. De allí que la consigna acerca de la necesidad de los OGM-estatales opera en el campo de los simulacros, a partir de un discurso con marcado carácter nacionalista. En esa intencionada confusión entre lo nacional y lo estatal, emerge una especie de respaldo tácito hacia todo emprendimiento argentino, cualquiera sea su particularidad y que responde más a un sentir que a un pensar. Luego de la experiencia ultra-privatizadora de los años noventa, todo lo estatal adquiere el rótulo de indiscutible: irradia consenso y excelente prensa, a la vez que esconde, suspende o al menos debilita la pregunta cabal sobre qué es el Estado. Parte del trabajo necesario para solidificar este discurso incluye una re-elaboración (tergiversación) del concepto de soberanía, que pasa de ser una reflexión sobre la identidad y su expresión práctica, a la reivindicación de una posición nacional líder en el teatro mundial, en términos de la lógica de la Modernidad global.

A modo de conclusión

Hemos intentado una reflexión acerca del modelo productivo basado en OGM y su evolución hacia un escenario de producción estatal. El contexto de legitimación hace pie en el deslumbramiento de lo tecnológico, mientras es fortalecido por un aparato propagandístico en clave supuestamente nacionalista. El trabajo refinado del Estado en el ámbito legislativo amortigua y direcciona las demandas de las organizaciones civiles al tiempo que prepara el terreno para dar sustento normativo a las prácticas que promueve. El análisis de los argumentos con que se pretende motorizar e instalar la consigna OGM-estatales, nos advierte sobre el carácter empresarial que asume el Estado en relación a la lógica tecnocientífica con la que opera.

El texto retoma además la discusión sobre el para qué de algunas actividades científicas y tecnológicas. Un para qué, que desde nuestra posición debe considerar al bien social y la calidad de vida en un lugar particular, donde la tecnología esté supeditada a la cultura. Donde la cultura sea lo prioritario: es el guante el que debe ajustarse a la mano y no al revés. Cada comunidad debe reflexionar sobre cómo desea vivir y ese vivir es el que tiene que ser discutido. En palabras de Kusch[iii]: “La Cultura tiene en su esencia, su razón de ser en algo que es muy profundo y que consiste en una estrategia para vivir, que un pueblo esgrime con los signos de su cultura… si la Cultura es estrategia para vivir en un lugar y en un tiempo, entonces también es política… todo lo que se da en torno a la Cultura, incluso la tecnología o la ciencia tienen que responder a esa estrategia para vivir aquí y ahora. Ahí no valen las universalidades. Es el mundo de lo particular”.

La revisión crítica del imperativo tecnológico actual “todo lo que se puede hacer, se debe hacer”, permitirá que lo científico y lo tecnológico emerjan como estrategias útiles o no, en relación a las necesidades que afrontamos. Pero esto sucederá sólo a partir de pensarnos y dejar de ser pensados. Se trata de una nueva forma de plantear nuestras preguntas, las verdaderas preguntas, aquellas que nos han guiado siempre, aunque hayamos sido históricamente entrenados para no escucharlas.

GRR Grupo de Reflexión Rural

GRR – OGM estatales

Guillermo Folguera – OGMs estatales y ciencia digna

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